Sólo el 10% de los delitos relacionados con el tráfico de especies acaban con una sentencia legal en España, «lo que evidencia que la gran mayoría ni se persigue, ni se encuentra”, ha denunciado a EFE Silvia Díaz, técnica de WWF España.
Díaz es coordinadora del proyecto SWIPE, un proyecto en el que participan 13 socios en 11 países, incluyendo organismos como Fauna y Flora Internacional de Rumanía o la ong TRAFFIC así como la propia WWF, con intención de elaborar una base de datos europea para recoger los casos producidos en estos países.
SWIPE busca motivar, coordinar e informar» a jueces, fiscales, abogados, instructores judiciales y otras autoridades a la hora de perseguir delitos como «el tráfico ilegal, el furtivismo, el envenenamiento y la mortalidad ilegal.
«El manejo de la fauna incautada viva» ya que la mayoría de las veces “cuando las incautaciones suceden, el animal ya murió o está en cautiverio», comentó el director regional de Latinoamérica del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), Joaquín de la Torre.
Al igual que Díaz, De la Torre ha lamentado “la falta de recursos e instalaciones por parte de muchos países” a la hora de enfrentar estas situaciones como lo es el tráfico de especies.
