La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender la aplicación del Decreto 289, que municipaliza el servicio de agua potable y drenaje en Baja California, que antes estaba a cargo del gobierno estatal.
El máximo tribunal admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 119/2021, promovida por diputados de oposición en el congreso estatal, y ordenó que la iniciativa de municipalización, impulsada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, no sea aplicada hasta en tanto los ministros decidan si es o no constitucional.
Así, se ordena que “el Gobierno Estatal continúe prestando a los habitantes de los Municipios del Estado, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, en tanto se resuelve el fondo del asunto.”
La controversia fue promovida por el 33 por ciento de los diputados del estado, impugnando la reforma a varios artículos de la Ley que Regula Prestación del Servicio de Agua Potable en el estado de Baja California, propuesta por el gobernador Bonilla, aprobada en el congreso y publicada en el periódico oficial el 29 de julio pasado.
Los diputados inconformes se quejan de que en la aprobación de estas reformas no se respetó el proceso legislativo, además de que la desconcentración del servicio de agua potable supondrá una carga excesiva para los gobiernos municipales y abriría la puerta para su privatización.
