La empresa Next Energy aceptó cancelar el contrato de una planta fotovoltaica que representaba una erogación de 12 mil millones de pesos para Baja California; además, se devolverán las participaciones retenidas y se cancelará el fideicomiso, informó la Gobernadora Marina Ávila.
Tras varias semanas de señalamientos contra el proyecto que aprobó el ex Mandatario morenista Jaime Bonilla, el Secretario de Hacienda, Marco Moreno explicó que el Gobierno estatal no será penalizado por la cancelación, pues fue un mutuo acuerdo.
La Mandataria morenista refirió que en una carta enviada por la representación de Next Energy, indicó que solicitará al agente fiduciario la devolución de las participaciones federales retenidas por el Fideicomiso constituidas en el fondo de reserva.
«(Se cancelará) sin que exista ninguna responsabilidad para el Estado o para mi Gobierno, los recursos entregados se regresarán», aseguró Ávila.
«El contrato será cancelado tanto en lo proyectado como en el Fideicomiso, sin que se tenga que indemnizar».
Sin embargo, la Gobernadora precisó que ello no significa que se dejarán sin efecto los procesos administrativos o penales que puedan enfrentar los responsables de la Administración pasada.
Y leyó una carta del representante de Next Energy, Héctor Martínez Vivaz, enviada el pasado 23 de mayo.
«La materialización del proyecto se canceló por decisiones ajenas a nuestra empresa, las condiciones de contratación negociadas con la Administración anterior han provocado diferencias y malos entendidos de ambas partes, incluyendo el agente fiduciario.
«En meses recientes, nuestro director general Maiz Domene sostuvo negociaciones con el Secretario de Hacienda local, Marco Antonio Moreno, que iniciaron con posturas francamente distantes, pero se han acercado a un punto de entendimiento para avanzar en la cancelación sin prejuicio en las finanzas del Estado», indica la misiva.
Grupo REFORMA publicó que la Fiscalía estatal citaría al menos a 10 ex funcionarios de la Administración pasada por este proyecto, entre ellos Bonilla, luego de una denuncia penal por irregularidades y afectación a las finanzas del Estado en la firma del contrato con Next Energy.
