Greenpeace, junto con más de 20 organizaciones, denunciaron el riesgo que enfrentan los defensores del medio ambiente y demandaron medidas de protección, tras un informe que reveló que México es el país más peligroso para estos activistas.
Las ONGs firmantes exigieron que el Poder Legislativo llame a comparecer a las autoridades encargadas de la protección de los activistas, con el fin de impedir la impunidad.
Asimismo, demandaron que se dé a conocer un plan para la implementación del Acuerdo de Escazú y se establezca una Comisión Intersecretarial para llegarlo a cabo. Al mismo tiempo, señaló que no se han otorgado recursos suficientes para ejecutar dicho tratado internacional.
Este fue ratificado por México en 2021 y establece el deber del Estado de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y los demás derechos humanos de todas las personas defensoras ambientales. Es el primer tratado internacional en el mundo que aborda el tema.
Por tercer año consecutivo, el informe documentó un aumento en los ataques letales en México; la mayoría (131) tuvieron lugar solo entre 2017 y 2021. Tan solo el año pasado se registraron 54; en 2020 hubieron 30.
Asimismo, la investigación revela que más del 40% de los asesinados eran indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad yaqui.
Según Global Witness, gran parte de los crecientes asesinatos, violencia y represión están relacionados con los conflictos territoriales. Además, poco más de una cuarta parte de los ataques letales se relacionaron con la explotación de recursos (madera, minería y agronegocios a gran escala) y represas hidroeléctricas y otras infraestructuras.
El reporte también denuncia que hay una impunidad generalizada, con más del 94% de los delitos sin denunciar y solo el 0.9 % resueltos. Los investigadores sostienen que esto se debe a que los gobiernos no investigan adecuadamente estos crímenes y las autoridades “ignoran o impiden” las indagaciones, “a menudo debido a la supuesta colusión entre intereses corporativos y estatales”.
