El acceso a la información, a la justicia en asuntos ambientales y la participación pública son débiles e insuficientes. aseguran defensoras del medio ambiente y el territorio en México.
En un documento público recalcaron que es necesario visibilizar y aplicar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), ratificado el año pasado por México.
A partir de hoy y hasta el 22 de abril en Chile, se llevará a cabo la primera COP-1 del Acuerdo de Escazú, por lo que dijeron es necesario tomar en cuenta y valorar la voz de las mujeres defensoras ambientales, que cada día enfrentan mayor vulnerabilidad.
Durante seis meses, de octubre de 2021 a marzo del 2022, las defensoras llevaron a cabo la iniciativa “Territorios en Defensa. Analizando el Acuerdo de Escazú desde las Mujeres Defensoras Ambientales y Territoriales”, cuya coordinación estuvo a cargo de la ecofeminaria, Karla Priego Martínez.
En la COP1 Escazú están obligados a asistir los 12 países que, junto con México, ratificaron este acuerdo en abril del año pasado, y en la que se pretende determinar las reglas de procedimiento del acuerdo y crear un Comité de Apoyo al Cumplimiento, para lo que es necesario tomar en cuenta a las ambientalistas.
Priego Martínez recalcó que llevó acabo un análisis con 10 defensoras de distintas partes del país: Coahuila, Chihuahua, Baja California, Chiapas, Puebla, CDMX, Michoacán, Tabasco y Oaxaca, para exigir que el gobierno mexicano implemente cuanto antes el Acuerdo de Escazú.
“Es urgente que se revise el Mecanismo de protección, y que nosotras como ambientalistas construyamos redes y nos organicemos” señaló.
Además externó qué México requiere de aplicar los más altos estándares de Derechos Humanos en la participación pública, proyecto gubernamentales.
Las mujeres defensoras ambientales encaran discriminaciones y violencias sistémicas que las exponen cada día más a la estigmatización y criminalización de su labor en México.
Dijo que la aplicación del acuerdo de Escazú es urgente, y contempla que el poder judicial no solo tiene que conocer el acuerdo, sino capacitarse en el respeto a los Derechos Humanos.
“Nos preocupa el debilitamiento y desmantelamiento de instituciones por parte del Gobierno, que pueden velar por la protección y defensa de los territorios y los derechos humanos”, agregó.
Por último enfatizó que como ambientalistas tienen la esperanza de que este acuerdo no quede en el limbo, y que es urgente que se incluyan estrategias ante contingencias inesperadas que afectan directamente a las mujeres en general, pero las defensoras están confrontando una gama de amenazas, sin garantía, sin seguridad, sin protección.
