El cambio climático supone un riesgo para la actividad pesquera y acuícola en diversas partes de México. El reciente estudio “Cambio climático en México: Recomendaciones de política pública para la adaptación y resiliencia del sector pesquero y acuícola” destaca que las principales alteraciones oceanográficas derivadas de este fenómeno que se predicen para nuestro país van desde cambios en la temperatura del agua, acidificación y elevación del nivel del mar, disminución de la concentración de oxígeno y un aumento en la frecuencia e intensidad de huracanes y otros fenómenos climatológicos.
Ello puede tener importantes efectos sobre la productividad de especies de interés comercial como moluscos, pero, además, en el impacto a 300 mil familias que dependen de esta actividad de manera directa, y cerca de 2 millones más que lo hacen de forma indirecta, particularmente en zonas de Sinaloa, Sonora y Baja California.
De hecho el estudio ubica a Sinaloa como uno de los estados con mayor número de comunidades pesqueras vulnerables. Especialistas responsables de la investigación citada indicaron que los resultados son un llamado a los tomadores de decisiones para que se actúe en conjunto estados, gobiernos municipales y sociedad civil.
Zonas vulnerables
Los resultados del estudio “Cambio climático en México: Recomendaciones de política pública para la adaptación y resiliencia del sector pesquero y acuícola” revelan que existe suficiente evidencia acerca del fenómeno del cambio climático. En México ya está impactando la vida y el bienestar de miles de personas, particularmente en la región noroeste del país.
El análisis de la vulnerabilidad de las comunidades costeras del país a las presiones causadas por el cambio climático mostró que, en este momento, los estados del noroeste son los que se encuentran en peor situación, pero que para 2050, si el incremento en concentración de gases de efecto invernadero no ha sido controlado, los estados de la costa sur del Golfo de México y la península de Yucatán se pueden ver notablemente afectados.
Con base a este análisis se determinaron las comunidades costeras más vulnerables del país en dos escenarios (menos y más favorable) y dos horizontes (2050 y 2100). Los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California son las entidades con mayor número de comunidades vulnerables. En el escenario menos favorable, que refleja un desarrollo impulsado por combustibles fósiles, hay un mayor número de entidades con comunidades vulnerables.
Las variaciones ambientales relacionadas al cambio climático vuelven aún más compleja la situación de la pesca y la acuacultura. El costo de no actuar ante ellas o hacerlo inadecuadamente ha sido estimado en una pérdida económica de 51 millones de dólares anuales.
Leonardo Vázquez, miembro de la Sociedad Mundial de Acuacultura y uno de los líderes del equipo consultor del proyecto, comentó que esta alta vulnerabilidad de las comunidades pesqueras, en relación con el cambio climático, está dada por la dependencia que tiene la población hacia la actividad pesquera y acuícola, que tan expuestos están a estas amenazas oceanográficas como acidez, mareas rojas, variabilidad térmica, concentración de oxígeno, efectos de huracanes y tormentas.
“Si lo vemos en ese sentido, las zonas que tienen mayor vulnerabilidad se calculan con la suma de esta exposición más la susceptibilidad, menos la capacidad adaptativa”, expuso.
El estudio incluye un análisis con bases de datos que permiten calcular cómo se adaptan estas zonas ante un evento climático, y esto va a estar dado por la capacidad de la gente en términos sociales, como su grado de escolaridad, su dependencia a la pesca, en el sentido de la susceptibilidad y de la parte de la capacidad adaptativa más otros componentes que hacen más fuerte a una sociedad por contar con mayores herramientas para responder.
Producción y adaptación
“En ese sentido, las entidades del golfo del noroeste tienen una mayor susceptibilidad que otras regiones del país, debido a que la dependencia en la pesca y la acuacultura es crítica, en el sentido de que es donde se genera el 70-75 por ciento de toda la producción de México”, expuso.
Sin embargo, hizo hincapié en que es importante conocer el elemento de la capacidad de adaptación. Aclaró que la capacidad de adaptación en la zona noroeste es de las más altas del país y aunque son más vulnerables, pueden responder.
“Cuando modelamos esto a 2050 y 2100, vemos que aun hagamos nuestro mejor esfuerzo, la vulnerabilidad va a seguir siendo alta, pero otros estados como Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, entonces sí incrementan de manera muy considerable su vulnerabilidad ¿por qué?, por efectos de la situación social y económica de esa región. Se ven mucho más vulnerables porque su capacidad de respuesta es relativamente más baja”, explicó.
Rafael Ortiz, director general de la Iniciativa de Pesquerías Resilientes y Océanos en Environmental Defense Fund de México (EDF de México), destacó que a eso se suma que estas personas viven en una vulnerabilidad por muchas carencias que tienen en materia de infraestructura, de acceso a la salud, de acceso de seguridad social.
“El llamado es un llamado a la acción. Hay que trabajar ya. En el mundo nos hemos dado cuenta que para poder lidiar con un impacto del cambio climático, sobre todo por la gran incertidumbre de cómo va a ocurrir, hay que trabajarlo todos juntos. Es momento de como sociedad, prepararnos sobre todo en las comunidades pesqueras, acuícolas, que son muy vulnerables”, sostuvo.
Impacto socioeconómico
El reciente estudio “Cambio climático en México: Recomendaciones de política pública para la adaptación y resiliencia del sector pesquero y acuícola” detalla que el impacto socioeconómico del cambio climático también será diferente entre flotas. Para la artesanal, donde no existe una inversión significativa por temporada, el aumento en la incertidumbre de los recursos traerá altas preferencias intertemporales o uso inmediato de los recursos, fomentando su sobreexplotación y una mayor vulnerabilidad y pobreza en comunidades costeras en acceso abierto al recurso.
Por otro lado, en pesquerías industriales, la preferencia intertemporal será baja, dirigida a marcos conservativos de manejo y administración pesquera para favorecer inversiones y explotar el recurso durante un lapso prolongado de tiempo. En los resultados, advierte que la vulnerabilidad de esta flota podría ser mayor, ya que la búsqueda de los recursos implica una inversión aún más grande que podría incluso obligar a salir de la actividad, con la subsecuente pérdida de empleos.
El estudio destaca que es crucial la expedición de un reglamento de la ley de pesca y acuacultura actualizado, que vincule de manera explícita los instrumentos de política climática a las accione referidas en el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la integración de avances científicos como base de las modificaciones y creación de futuras normas y/o leyes.
¿Qué hay que hacer?
El especialista indicó que el estudio provee una información muy clara para que tomadores de decisiones puedan construir una serie de actividades y metas para provocar resiliencia y que las mismas comunidades pesqueras, acuícolas y costeras del país, en general, puedan estar preparadas.
Se trata de cinco recomendaciones del estudio en materia de política pública: Instituir un Programa Nacional de Pesca y Cambio Climático, con mecanismos sólidos de gobernanza y participación ciudadana; Crear un Atlas de Riesgo para el sector que incorpore las presiones ambientales y la capacidad adaptativa de las comunidades, así como planes de contingencia para minimizar impactos económicos y sociales; Aumentar la inversión en la generación de conocimiento que permita prever y guiar estrategias de manejo, así como invertir en la formación de cuadros especializados en cambio climático; Crear espacios directos de comunicación entre gobierno y comunidades pesqueras para enfrentar los retos; Impulsar la coordinación intersecretarial y multisectorial, y la construcción de coaliciones que asegure la coordinación transversal entre dependencias de los distintos órdenes de gobierno y otros actores del sector.
En el análisis de la legislación, el estudio destaca que el país cuenta con un marco legal con el que se pueden enfrentar las perturbaciones futuras de manera exitosa. México cuenta con un Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) a cargo del Ejecutivo federal donde se vinculan las necesidades del sector agroalimentario. “Si bien, el arreglo institucional y operativo del SINACC es sólido, en la práctica no parece dar los resultados esperados puesto que no ha logrado la concurrencia, la vinculación ni la congruencia entre programas, acciones e inversiones de los tres órdenes de gobierno con el Programa Especial de Cambio Climático (PECC)”, destaca.
Al respecto, Leonardo Vázquez, miembro de la Sociedad Mundial de Acuacultura y uno de los líderes del equipo consultor del proyecto, comentó que es necesario que pueda haber un acceso directo de productores a este sistema de proyectos y programas para atender el cambio climático en el país.
En ese sentido, indicó que uno de los hallazgos, que proviene de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, es que no se cuenta con la reglamentación necesaria a nivel estatal y municipal y no se cuenta la armonización de leyes para poder trabajar en conjunto, mediante un sistema que ya está establecido en México, que es el Sistema Nacional del Cambio Climático.
“Tiene una perfecta estructuración, pero de alguna manera se sufre para aplicarse, ya que los estados están rezagados en cuanto a tener la instrumentación para acceder a estos programas y proyectos”, señaló.
Sostuvo que es necesario estar generando actualizaciones periódicas y esto requiere una planeación, una concurrencia, vinculación, con gobierno, productores y con los académicos que son los que, aseguró, necesitan justamente dirigir estas investigaciones hacia estos temas tan necesarios que puedan darle recomendaciones y soluciones al sector pesquero.
Coordinación efectiva
El especialista Rafael Ortiz añadió que hay dos visiones diferentes del problema, tanto de las comunidades como las autoridades. Lo que sería indicado es tener un entendimiento común entre ambas.
“Las autoridades tienen cada una de las agencias que se encargan del manejo de recursos naturales, desde la Semarnat hasta la Conapesca e Inapesca, todas manejan el cambio climático, todas están interesadas en construir. Sin embargo, a pesar de que México tiene un marco legar robusto, se requiere articularlo y propiciar sinergias entre Gobierno federal, los gobiernos estatales y establecer las acciones prioritarias de mitigación y de adaptación del cambio climático”.
Insistió en que hay interés, sin embargo, hace falta articular todavía mejor las instancias del Gobierno federal para poder tener una política más robusta y más holística en cuanto al manejo de los recursos naturales ante el impacto del cambio climático. “Desde las comunidades hay una incertidumbre y es muy entendible lo que hace sentir la incertidumbre, el futuro”, comentó. Influencers hacen fiesta en vuelo de Canadá a Cancún
