El coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental Metropolitana (CaMe), Víctor Hugo Páramo, planteó que ante el inicio a la nueva normalidad se debe contar con un nuevo modelo de desarrollo económico de la mano de la protección del ambiente y en particular de la salud humana.
Como medidas inmediatas propuso reducir los viajes en automotores con base en la coordinación entre el trabajo a distancia, el Hoy No Circula, el escalonamiento de horarios laborales, y también fomentar una movilidad activa y saludable. Asimismo, señaló la necesidad de impulsar las energías renovables y actuar con más rigor contra los grandes emisores y contaminantes.
Además, expuso la necesidad de reformar el marco normativo para poner por delante el derecho a un ambiente sano. En este sentido, explicó que se tiene que trabajar en una ley que considere en detalle los mecanismos completos de la gestión ambiental de la calidad del aire.
Víctor Hugo Páramo dijo que se debe fortalecer la base científica para sustentar la política nacional en todos los procesos de gestión, por ejemplo, el monitoreo, el inventario de emisiones, la química atmosférica, la modelación de la calidad del aire y, sobre todo, los efectos y costos de contaminantes en la salud, entre otros, para actuar con eficiencia y eficacia en la mitigación de emisiones.
Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), aseguró que las ciudades son el centro de la lucha contra el cambio climático. En ellas convergen diversos sectores que pueden interactuar, lo que permite tomar medidas coordinadas para mejorar la acción sobre el clima.
Indicó que aún cuando las ciudades ocupan una superficie del planeta muy pequeña, menos del 2%, actualmente albergan al 50% de la población y consumen más del 75% de la energía mundial. Se proyecta que en el 2030 el 60% de la población estará viviendo en ciudades y en el 2050 llegará a un 70%.
La titular del INECC comentó que los contaminantes climáticos de vida corta, como el metano, carbono negro, ozono troposférico y varios hidrofluorocarbonos (HFC), se encuentran en todos los ámbitos de la vida cotidiana y son una gran oportunidad para frenar en el corto plazo el incremento de la temperatura, por lo que es indispensable considerarlos en el periodo de la nueva normalidad, ya que la pandemia demostró que la población que vive en condiciones de alta contaminación atmosférica es mucho más susceptible de tener complicaciones por el COVID-19.
Aclaró la importancia de fortalecer también el monitoreo de la calidad del aire en las zonas rurales, ya que cada vez presentan más problemas de salud por el uso de herbicidas y malos manejos ambientales. Dijo que se tienen muchas herramientas para actuar en materia de cambio climático y calidad del aire, pero también habrá más conocimientos que se irán incorporando mediante el trabajo coordinado del INECC con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del Programa Nacional Estratégico en esta materia.
En tanto, el director general de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Sergio Hernández Villaseñor, consideró que para mejorar la calidad del aire de zonas metropolitanas como la del Valle de México es necesario actualizar los marcos regulatorios en materia de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) y partículas, en industrias, servicios, vehículos y productos.
Explicó que dicha propuesta se deriva de los resultados obtenidos durante la reducción de tránsito vehicular por las medidas de contingencia para hacer frente al COVID-19, y que revelaron que, aunque disminuyeron las emisiones hasta en 70%, hubo un incremento en la generación de ozono (O3), al depender éste de los COV.
Aclaró que los óxidos de nitrógeno no son precursores del ozono, sino los COV, y que durante el periodo citado aumentaron por los incendios generados en la periferia del Valle de México, siendo los principales responsables de este problema hasta en 11%.
Además de ello, insistió en la necesidad de impulsar la transición energética de los distintos sectores sociales, avanzar en temas de movilidad, con transporte alternativo y un reforzamiento de la educación y comunicación ambiental, que incluya la participación de las 59 zonas metropolitanas del país, las cuales deberán trabajar de forma conjunta para lograr políticas unificadas.
Al abordar el tema de la Política Nacional de Calidad del Aire, Adrián Fernández Bremauntz, director de la Iniciativa Climática de México, reconoció que en México se ha avanzado bastante en las últimas tres décadas, pero estamos aún muy lejos de tener calidad del aire adecuada en casi todas las ciudades del país.
Destacó la salud como algo fundamental de considerar, ya que en el mundo nueve de cada 10 personas viven en sitios donde se exceden alguno o varios de los criterios de calidad del aire que establece la Organización Mundial de la Salud.
Explicó que las normas oficiales mexicanas (NOM) de calidad del aire han ido incorporado los hallazgos científicos de estudios epidemiológicos que revelan la incidencia de morbilidad y mortalidad prematura por la contaminación, principalmente por partículas finas PM2 y PM5 en más de 500 ciudades en el mundo, la cual afecta a entre 10 mil y 20 mil personas en México al año.
Dijo que los estudios toxicológicos han detectado compuestos cancerígenos del aire en los seres humanos, ya sea por actividades, combustibles u otros elementos que en algunos casos se han tenido que eliminar, y citó los estudios de exposición personal que se refieren a la modelación de calidad del aire y las concentraciones de los contaminantes en cada una de las zonas de una ciudad, su distribución, abundancia y la presencia de diferentes grupos en determinados horarios.
Fernández Bremauntz puso en relieve las políticas públicas emprendidas en las últimas décadas, y adelantó que pronto se avanzará aún más al publicarse la actualización de las NOM 044, 045 y 163 que brindarán vehículos más eficientes.
Consideró que aunque debemos avanzar en algo más complejo en torno a la gestión de la calidad del aire, ya existe mucha información disponible técnica y científica para tomar decisiones políticas públicas, lo que reforzará el paquete de normas en ciernes, pero también la fiscalización de campo tanto para empresas, como para camiones de carga, de pasajeros o particulares.