Cuando estalla una pelea entre un jefe de Estado y la comunidad empresarial por las energías renovables, es de esperar que el líder tome el lado ‘verde’ del debate. No en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado recientemente medidas que bloquearían algunos proyectos existentes de energía eólica y solar y dificultaría la puesta en marcha de proyectos nuevos.
El 2 de mayo, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) detuvo indefinidamente las pruebas requeridas antes de que las nuevas plantas de energía limpia puedan entrar en funcionamiento, culpando a la pandemia del nuevo coronavirus.
Luego, a mediados de ese mes, la Secretaría de Energía aceleró un conjunto de reglas que ampliarían su capacidad para limitar la producción, agregar nuevas pruebas para proyectos solares y eólicos y dar al Cenace el poder de rechazar nuevas solicitudes de estudio de plantas.
En teoría, las nuevas reglas, especialmente las del Cenace, podrían afectar proyectos renovables en todos los ámbitos. Sin embargo, las suspendieron en respuesta a una demanda presentada por Greenpeace. También fueron suspendidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de una solicitud de la agencia antimonopolio del país, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Si se aplican, la nueva reglamentación impactaría a las plantas de nueva construcción que necesitan pruebas para comenzar a funcionar. Los sitios ahora en funcionamiento pueden verse afectados por nuevos límites de generación (y pruebas potencialmente nuevas). Incluso los proyectos que aún se encuentran en las etapas de planificación estarían sujetos a nuevos parámetros.
Las medidas significan un cambio para México, que anteriormente había tratado de impulsar la participación privada en el mercado energético. En 2019, la administración de López Obrador suspendió un programa de subastas de energía renovable que se había implementado en 2016.
¿Por qué el Gobierno de México tomó esta postura?
La principal justificación de la postura es que México debe proteger la integridad de la red eléctrica. El Gobierno argumentó que han habido fallas en la red en el sur de México, pero hasta ahora no ha identificado a ninguna de las compañías involucradas.
Un análisis realizado por el grupo de expertos ambiental Plataforma México Clima y Energía (PMCE) no encontró fallas específicas atribuibles a los generadores renovables de energía durante el mes de abril, el primer mes completo que el país vivió bajo medidas de confinamiento.
A los ojos de muchos inversores, sin embargo, la pandemia es solo un pretexto. y ven en los obstáculos contra las energías renovables otro ejemplo del intento del presidente López Obrador de sofocar la inversión privada para proteger a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La empresa productiva del Estado se ha visto afectada por una caída en la demanda en medio de la propagación del virus SARS-CoV-2. Según Brian Gaylord, analista de Wood Mackenzie en Madrid, fue esta disminución de la demanda lo que pudo haber forzado la intervención de ‘la mano’ del Gobierno, ya que generalmente la energía renovable, que es significativamente más barata, se despacha primero.
El propio López Obrador afirmó que las empresas privadas de energías renovables son responsables del cierre de las centrales hidroeléctricas de la CFE, que considera capaces de llevar energía limpia al público en general.
¿Quién está saliendo más perjudicado?
Cuando las medidas del Cenace se implementaron en mayo, 17 proyectos solares y 11 proyectos eólicos estaban en sus etapas finales, que representan una inversión combinada de 4.8 mil millones de pesos, según la PMCE.
Si bien varias de esas compañías ya han recibido fallos judiciales temporales que les permiten continuar con las pruebas, la mayoría de los nombres de las compañías no han sido revelados en los registros judiciales mexicanos. Sin embargo, entre los proyectos que se conocen está la planta Dolores Wind del gigante energético italiano Enel, en Nuevo León. Aún así, con gran parte del proceso aún envuelto en batallas judiciales, ninguna compañía ha dicho públicamente nada sobre los planes para cambiar su estrategia de inversión en el país.
Y al consumidor, ¿eso en qué le afecta?
Las medidas podrían elevar los precios finales para los consumidores, ya que perjudican a los proveedores de energía intermitentes, como lo son la solar y eólica, que generalmente la venden a un costo mucho más bajo.
Según Greenpeace, el megavatio/hora promedio de un proveedor intermitente se vendió por 60 pesos, mientras que las compañías de energía en México que queman combustibles fósiles, como la CFE, generalmente venden un megavatio/hora por 138 pesos.
En la última subasta de energía renovable del país, en 2017, el precio promedio de 16 ofertas fue de solo 20 pesos por megavatio/hora. El analista de BloombergNEF, James Ellis, dice que si bien los consumidores pueden estar ‘protegidos’ de los aumentos de tarifas reales ya que las tasas son bajas y altamente subsidiadas, el Gobierno y, por lo tanto, los contribuyentes están en una mala situación por el costo final.
¿Cómo pinta el panorama?
Las relaciones entre el Gobierno y las empresas mexicanas han sido tensas desde que López Obrador canceló el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco. También ‘congeló’ un programa que abría el sector petrolero de México a la participación privada, sin un plan claro para reiniciarlo. El presidente se ha esforzado por rescatar a las antiguas empresas estatales como CFE y a Petróleos Mexicanos (Pemex) desde su campaña.
La Ley de Transición Energética de México y la Ley General de Cambio Climático establecieron objetivos de 30 por ciento de generación de energía renovable para 2021 y de 35 por ciento para 2024. Tal como está la situación, México está muy lejos de ese objetivo, y las acciones de la administración López Obrador solo han empeorado las perspectivas, de acuerdo con el análisis del Climate Action Tracker, un consorcio de institutos de investigación que miden el progreso bajo el Acuerdo de París.
Los investigadores advirtieron que, en muchos aspectos, López Obrador ha dado múltiples pasos hacia atrás al comprometerse a construir una nueva refinería y prometiendo modernizar varias plantas de energía de carbón, diésel, gas y petróleo, muchas de las cuales habían sido programadas para el retiro.
Nota: El Financiero, https://www.elfinanciero.com.mx/economia/y-a-todo-esto-por-que-el-encontranazo-del-gobierno-de-mexico-con-las-energias-renovables
