Por Gustavo Alanis @CEMDA
La pesca es una de las principales y más antiguas actividades de subsistencia a nivel global. Actualmente, la captura y el cultivo de organismos marinos proporciona suficiente proteína para el consumo humano, equivalente a 20.5 kilos per cápita al año. No obstante, han tenido un fuerte impacto en el ambiente, afectando ecosistemas, especies y, en consecuencia, a la pobración que depende de éstas. Considerando toda la cadena de producción, los retos que enfrentan el sector pesquero y acuícola son enormes.
Desde hace una década, cerca de 30% de las pesquerías nacionales se consideran en estado de sobrepesca y casi 20% han colapsado. Los desafíos son evidentes: políticas de acceso abierto, regulaciones con poca consulta y participación social, incumplimiento de la normativa, incentivos inapropiados y una incompatibilidad de escalas entre las que se quieren administrar los recursos y en las que se distribuyen los sistemas socio-ecológicos sin considerar las interacciones entre las especies marinas y su efecto en los ecosistemas. Esto sumado a la inequidad que viven los pescadores ribereños, quienes tienen apoyos limitados y presentan algún grado de marginación debido a sus precarias condiciones de vida que les imponen una barrera más para la competitividad.
Para entender la problemática en torno a la pesca en nuestro país, es necesario abordar los componentes en cada una de sus dimensiones: gobernanza, social y económica. La interacción de estos se traduce en un “círculo vicioso” donde las necesidades sociales, la falta de claridad en los derechos de acceso, la burocracia y la baja capacidad para atender los problemas resultan en la ineficiencia de la gestión y administración de los recursos pesqueros, que se refleja en la degradación de los ecosistemas marinos y costeros.
Esta situación es incubada en parte por la falta de políticas públicas y capacidades de las instituciones responsables de implementar un manejo eficiente. La necesidad de fortalecimiento del marco normativo en la materia está plasmada en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable que aunque fue publicada desde 2007, no sólo ha sido señalada por su falta de actualización sino por la inexistencia de su reglamento, lo cual intensifica los vacíos legales y compromete el manejo sostenible de las pesquerías.
Sin embargo, la situación de la pesca se torna aún más compleja si consideramos que nos enfrentamos a variaciones ambientales relacionadas con el cambio climático que condicionan la supervivencia y dinámica poblacional de las especies y resulta en alteraciones del funcionamiento de ecosistemas que apenas vamos conociendo.
Bajo este panorama, los pronósticos no son alentadores, la capacidad de adaptación a situaciones adversas para la pesca estará determinada en gran medida por las políticas públicas que se definan considerando las necesidades del sector bajo un enfoque integral y sostenible. Por lo tanto, es prioritario impulsar el apoyo a la pesca artesanal, la actualización de la ley y la emisión de su respectivo reglamento, aunado con el fortalecimiento de las capacidades de adaptación a los efectos del cambio climático en el sector pesquero.
