El gobierno de México clausuró temporalmente unas instalaciones de la constructora estadounidense Vulcan ubicadas en Playa del Carmen, Quintana Roo, acusando un «deterioro grave a los ecosistemas» de la zona, una medida que la compañía considera fuera de la ley.
Vulcan Materials informó el jueves que funcionarios mexicanos presentaron ese día a sus empleados órdenes de cierre «arbitrarias» e «ilegales» de sus operaciones en una gigantesca cantera de extracción de piedra caliza en el turístico estado Quintana Roo.
Como resultado de las acciones en contra del aprovechamiento indebido de los recursos naturales del país y del deterioro del medio ambiente, en días pasados la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección en el predio La Rosita, de la empresa Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica), filial de la estadounidense, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
La Secretaría de Medio Ambiente anunció este viernes que acudió a verificar las actividades que realizaba la empresa y «colocó de manera preventiva sellos de clausura en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales».
Derivado de la inspección se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas», detalló la dependencia sobre el incidente con la empresa, el mayor productor estadounidense de agregados para la construcción.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto el foco desde hace meses en las actividades de Vulcan en Quintana Roo, alegando que contaminan el área, mientras arreciaban las críticas de grupos ecologistas a un proyecto ferroviario gubernamental en la misma zona.
Anteriormente, en 2017 y 2018, la Profepa había impuesto una clausura y sanciones administrativas a esta empresa por aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado, en superficie y temporalidad en el predio El Corchalito, lo que derivó en una demanda al Estado mexicano bajo las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, reclamando una compensación de más de 1,500 millones de dólares estadounidenses, más intereses y gastos procesales.
La explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas, precisó la Semarnat en un comunicado.
